La agroecología,
¿con qué se come?
La agricultura ecológica certificada, libre de químicos y respetuosa del medio ambiente representa el “uno por ciento o menos” de la producción de alimentos de Bolivia. Lo dice Adolfo Valdez, gerente general de la Asociación de Organizaciones de Productores Agroecológicos de Bolivia (AOPEB), que agrupa a más de 70.000 afiliados en el país.
“El anterior gobierno (Evo Morales/MAS) le ha dado mucha importancia a la agroindustria de Santa Cruz, no a los pequeños productores”, lamenta.
Este enfoque en las grandes empresas agrarias explicaría también por qué el 45% de los cultivos de la campaña agrícola 2018-2019 se concentraron en ocho productos industriales (soya, caña de azúcar, girasol, sésamo, maní, algodón, achiote y tabaco).
Los otros 64 alimentos para la canasta familiar (entre cereales, frutales, hortalizas, estimulantes, forrajes y tubérculos y raíces) ocuparon el 55,3% de las tierras, según un informe del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT).
Dietas “ultrasimplificadas”
En el mundo, “el 75% de los alimentos provienen actualmente de tan sólo doce plantas y seis especies animales”, alerta María Teresa Nogales, directora ejecutiva de Fundación Alternativas, quien cita datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
La progresiva reducción de la canasta familiar básica de alimentos coincide con la concentración de la oferta alimenticia en pocas manos. En el caso de Bolivia, los productos de la canasta pasaron de 46 a 12 en la última década, según datos del MDRyT. Esta tendencia puede ser en extremo desafiante para el porvenir de la alimentación en el país y el mundo.
“Si pensamos en lo que nos ofrece la naturaleza para el consumo, es notable que hayamos llegado a la ultrasimplificación de nuestras dietas”, opina Nogales.
Se siembra, pero pocos compran
Tal simplificación extrema “influye en nuestra agricultura familiar, porque hay productores que afirman que ya no hay demanda para lo que ellos producen, especialmente alimentos del patrimonio alimentario nacional, como el tarwi. (Enlace)
Un informe del MDRyT revela que en el periodo 2010-2019 el consumo per cápita de papa industrial (diferente de la nativa) subió en el país de 92 a 108 kilos (+17,3%), mientras que el consumo de carne de pollo aumentó de 34 a 45 kilos (+32,3%). “Está claro que eso es por la comida rápida”, un fenómeno que se observa principalmente en la ciudad de El Alto –habitada en parte por migrantes del área rural-, afirma Lucio René Tito, director general de Desarrollo Rural.
El estudio muestra que además del pollo y la papa ̶ los dos productos más consumidos ̶ la dieta del boliviano en 2016 se concentraba en el huevo (136 unidades), la leche vacuna (50,5 litros), el arroz (39,4 kilos), la carne de res (21 kilos), el maíz (14 kilos), la cebolla (7,9 kilos), el tomate (5,7 kilos) y la zanahoria (2,6 kilos).
“Ya nadie consume productos ecológicos”, lamenta Tito. Y a este adverso panorama se suma la importación legal e ilegal (contrabando) de alimentos, así como la mayor demanda de productos procesados y ultraprocesados en el mercado.
El agro se queda
sin manos
“En el área rural, la mayoría de los productores son adultos. Los jóvenes salen del sector (del agro) y no aspiran a ser campesinos en el futuro, porque (la actividad) no es rentable”, alerta Theodor Friedrich, representante de la FAO en Bolivia.
El mayor consumo de productos ultraprocesados impacta así en la pequeña producción de un país, lo que “puede ser lapidario para la agricultura familiar, donde está la esperanza de la seguridad alimentaria”.
La “salida” de alimentos orgánicos de la canasta familiar se debe, considera el Gerente General de la AOPEB, a la falta de promoción y de inclusión de la oferta del sector en el sistema alimentario, fenómeno que caracterizó a la administración de Evo Morales, quien gobernó Bolivia 14 años, entre 2005 y 2019.
Las leyes son palabras al viento
“En el anterior gobierno se aprobaron muchas leyes” que promueven la alimentación saludable, “pero generalmente no se reglamentaron o no se pusieron en práctica”, reclama Valdez.
Las normas que cuentan con un reglamento parcial son la Ley de Regulación y Promoción de la Producción Agropecuaria y Forestal no Maderable Ecológica y la Ley de Reglamentación del Sistema Nacional de Control de Producción Ecológica en Bolivia, ambas de noviembre de 2006, que dieron curso a elementos de fiscalización pero no abordaron la cuestión de los incentivos para el sector.
Otras que dejaron de lado los componentes de fortalecimiento específico a la producción ecológica son la Ley de Organizaciones Económicas, Campesinas, Indígena, Originarias y de Organizaciones Económicas Comunitarias para la Integración de la Agricultura Familiar Sustentable y la Soberanía Alimentaria, de enero de 2013, y la Ley General de los Derechos de los Usuario y Consumidores, de noviembre de ese mismo año.
Paraísos soberanos…
de papel
Las que tampoco cuentan con reglamento son las leyes Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para el Vivir Bien, de septiembre de 2012, y la de Alimentación Complementaria Escolar en el Marco de la Soberanía Alimentaria y la Economía Plural, de diciembre de 2014, detalla Valdez.
La Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, de enero de 2016, “se implementó, pero no en todos sus artículos”.
La sartén por el mango
No se sabe a ciencia cierta, dice Valdez, si la falta de un avance real en la normativa para promover el agro familiar y una alimentación saludable en el país se debe:
- A la “presión” de algunas grandes empresas sobre el Estado
- A una llegada más directa del agronegocio a los tomadores de decisión del Gobierno
- O al discurso de que el sistema agroindustrial aporta con el 70% de los alimentos (del país), mientras que la agricultura familiar o pequeña sólo llega a un 30%.
Lo cierto es que resulta fácil deducir el por qué las políticas y leyes “deben” favorecer a la agroindustria.
Resistir o resistir
“Estamos en el Decenio de la Agricultura Familiar, que tiene el objetivo de revertir el impacto (de la agroindustria), porque de ello depende la seguridad alimentaria no sólo del país, sino del mundo”, sentencia el representante de la FAO.
El mismo Theodor Friedrich adelanta que se está en proceso de formular lineamientos de políticas “en apoyo particular a los agricultores familiares, conjuntamente con el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras e instituciones del área” del gobierno transitorio que encabeza Jeanine Áñez desde noviembre de 2019.
Faltan mercados y campañas
Valdez identifica como principales necesidades de los productores ecológicos, la existencia de mercados específicos para la venta de sus productos. Asimismo, la promoción del Sello Ecológico (que identifica la oferta del rubro), la reglamentación para los incentivos y el desarrollo de bioinsumos.
Paralelamente, información. Campañas agresiva dirigidas a la población. Porque el consumidor necesita saber que el consumir alimentos con químicos -sinónimo de barato, práctico y sabroso-, con el tiempo le va a costar su salud y mucho dinero, dice el productor
Proyectos en el horno
Para ampliar su presencia en el mercado, la AOPEB presentó al Gobierno de transición el denominado Programa de la Producción Ecológica y un proyecto de decreto supremo para el incentivo y promoción del sector. Mientras tanto, negocia la instalación de una planta de bioinsumos y trabaja en el diseño de la Casa Ecológica, un edificio con auditorio, restaurante ecológico y galería para la oferta de alimentos del rubro en La Paz.